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La democracia participativa es un sistema político que utiliza frecuentemente el mecanismo plebiscitario de consulta popular pero, sobre todo, uno que aplica el "principio de subsidiariedad", por el que la autoridad establecida debe asentarse en las instancias más cercanas a los interesados. Por tanto, la autoridad central asume su función subsidiaria sólo en aquellas cuestiones que, por diferentes razones, no puedan resolverse eficientemente en el ámbito local o más inmediato. Es un principio que sugiere la descentralización del gobierno mediante mecanismos federales o confederados que den mayor autoridad a las entidades provinciales (estatales) o municipales en la aplicación de políticas y en la toma de decisiones públicas. Muchas de estas decisiones se resuelven mediante el plebiscito y el referendo. Es así como el Tratado de la Comunidad Europea (TCE) lo adoptó en su Artículo 3B, acordando que "la Comunidad intervendrá, conforme al principio de subsidiariedad, sólo en la medida en que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, y, por consiguiente, puedan lograrse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción contemplada, a nivel comunitario." Al otro lado del océano, otra Unión de Estados quedó constituida hace más de dos siglos en un sistema federal ampliamente descentralizado que ha ido evolucionando hasta aplicar más que en ninguna otra parte del mundo (incluyendo a Suiza) la consulta popular para tomar decisiones a nivel comunitario, municipal y/o estatal (provincial). Los Estados Unidos son un conglomerado de Estados federados con sus propias Constituciones, su milicia (articulada como "Guardia Nacional"), senadores, legisladores, tribunales supremos y, además, el privilegio de tener cada uno su peso específico de "electores" (basado en una fórmula favorable a los Estados menos poblados) que da carácter singular a un proceso eleccionario donde cada Estado "vota" a nombre de la mayoría obtenida en las urnas, en lugar de sumar votos populares para determinar una mayoría nacional. Esto le da autoridad al Estado frente al conglomerado de la nación. No obstante, tales líneas divisorias, aunque muy precisas y definitorias, se disipan hasta fundirse en una firme voluntad nacional que aúna los propósitos hacia una meta común. Este sistema federal, con diversas variables, se aplica en algunos otros países y se ensaya tímidamente en pocos más. No es el caso de España, aunque pueda parecerlo. En la península se da un fenómeno de autonomías con identidad "nacional". Es un nacionalismo en miniatura que se alimenta de rivalidades. Lejos de buscar la coordinación a nivel nacional, se disgrega y debilita en la búsqueda de identidades separatistas. Este fenómeno no redunda en beneficio de una mayor participación democrática sino de un hipertrofiado burocratismo y una lamentable y reiterada duplicación de funciones. España es más pequeña que el Estado de Texas y poco mayor que California, Montana o Nuevo México. Con tan escasa extensión territorial y menos del 13% de la población de EEUU, pretende mantener 17 entidades autónomas con sus respectivos presidentes, su cortejo de más de 350 ministros (sin contar a los provinciales), 71 parlamentos, 18 consejos de Estado, con sus correspondientes fiscalías (defensores del pueblo), tribunales de cuentas, diplomáticos, estaciones públicas de radio y TV, organismos autónomos, etc. La enorme burocracia resultante desborda aún más con los costos del mantenimiento de 69 boletines oficiales, 69 aparatos de propaganda y publicidad institucional, 69 editoriales de publicaciones oficiales e infinidad de otros gastos derivados de este redundante aparato democrático. Una controversial crítica de este atiborrado sistema en un largo ensayo de reciente publicación ("Crisis planetaria: la quiebra del Estado de bienestar", por Enrique de Diego; Rambla Media Ediciones) me ha inspirado a denunciar esta aberración "democrática" distorsionada por el burocratismo. Si bien España ha dado al mundo un notable ejemplo de transición a la democracia, a partir de la dictadura de Franco, las libertades adquiridas se han desbocado en un frenesí de pugnas políticas que la alejan de esa democracia participativa que se nutre de un consenso nacional unificador de las leyes, el orden y los propósitos comunes. Es curioso que esto se haya producido en un sistema donde ha predominado la tesis socialista, que tiende a ser centralizadora del poder del Estado. Semejante dicotomía provoca aún mayor burocratismo porque la redundante tendencia centralizadora se manifiesta entonces dentro de esa multitud de mini naciones "españolas". No cabe duda de que no es previsible en el futuro próximo una marcha atrás en el proceso de las autonomías, pero considerando que España ya es parte de ese asombroso y ejemplar experimento de "confederación" europea, bien podrían sus dirigentes nacionales y regionales despertar a la realidad prometedora de un federalismo ibérico que acercara las autonomías a un concepto nacional de colaboración política, social y económica. En esta dirección puede tomar impulso dentro del molde paradigmático europeo una genuina democracia participativa que obligue a los políticos españoles a optar por una mayor conciencia nacional ante la exigencia de iniciativas populares sometidas a la consulta ciudadana. Se trata de dar forma al saludable concepto democrático de "unidad en la diversidad". Al ampliar el proyecto democrático hasta un alto grado participativo, la diversidad de las autonomías en una unidad nacional podría llegar a abarcar a toda la península en una gran nación ibérica, incluyendo a Portugal y sus regiones. Estas reflexiones sobre dos países (Estados Unidos y España) que, desde sus divergentes perspectivas políticas, son paradigmas de la democracia, provocan una lastimosa comparación con otros que padecen el autoritarismo y la omnipotencia del Estado bajo el engañoso disfraz de la "democracia participativa", una calificación autoproclamada que no tiene base sobre los hechos. Así se apropian del concepto, como modelo propio, los gobernantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. En Bolivia, por ejemplo, el gobierno nacional intenta ferozmente centralizar el poder y llega al extremo de proceder a la exclusión forzosa de los constituyentes de la oposición, a quienes se impidió violentamente participar en los debates, para "aprobar" sin más negociaciones una Constitución que confirme este autoritarismo. El propósito centralizador se manifiesta con mayor crudeza ante la agresiva reacción del poder central, que desconoce y denuncia como "ilegal" y "separatista" la consulta popular en referendo celebrada en algunas regiones del país, convocada como reacción a ese ejercicio de la fuerza en la constituyente. Muy lejos están los promotores de las autonomías regionales en Bolivia de emular los fueros nacionalistas de las autonomías españolas. Solamente aspiran a que se aplique en sus regiones el principio de subsidiariedad y no buscan en modo alguno una identidad cultural, étnica o política que divorcie a esas regiones de su carácter intrínsecamente boliviano. Mientras tanto, los gobernantes de Cuba y Venezuela han proclamado una "democracia participativa" en sus respectivos países, pero la participación democrática estructurada y efectiva brilla por su ausencia. Se gobierna mediante la movilización de las masas y la aprobación a mano alzada y por aclamación de los dictámenes del poder central. En ambos países se ha creado una Asamblea Nacional que supuestamente actúa de conformidad con los mandatos emanados de la base popular; no obstante, lo que se observa son cuerpos "legislativos" monolíticos y unipartidistas que responden unánimemente al líder y aprueban sin discusión sus dictados. En cuanto a la consulta popular, las iniciativas surgidas en Cuba, dentro de las exigencias constitucionales para la recogida de firmas y la presentación formal de la petición de referendo ante la Asamblea Nacional, han chocado con el más absoluto hermetismo y desprecio de las autoridades de facto. En Venezuela, donde el centralismo autoritario no ha triunfado del todo todavía, las pocas consultas populares realizadas han sido manipuladas para promover las ambiciones del Presidente Chávez con una serie de presiones e irregularidades electorales, pero también mediante la casi absoluta centralización de los medios de comunicación y propaganda, así como de la utilización de los recursos del Estado para promover la gestión política del líder venezolano. En tales circunstancias no podemos los amantes de la democracia tolerar que los regimenes de fuerza pretendan aplicar demagógicamente la calificación de democracia participativa a su lamentable sistema de gobierno. Tenemos la obligación de defender a brazo partido los conceptos y principios que promueven la colaboración popular mediante mecanismos eficaces de participación en un régimen de derecho. Igualmente debemos enfrentar los esfuerzos por desarrollar "autonomías" que no tengan un propósito específico de subsidiariedad mediante un diáfano mecanismo de participación. Cualquier otra cosa es un fraude y un atentado a los derechos civiles y las libertades fundamentales de los ciudadanos.
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Gerardo E. Martínez-Solanas, Economista y Politólogo (CUNY). Ex
Funcionario de las Naciones Unidas. Autor de “Gobierno del Pueblo:
Opción para un nuevo siglo, ”Ediciones Universal, 1997. En proyecto
(en inglés): "Democracy: The Right to Dissent". Director de DemocraciaParticipativa.net