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CHAVEZ A DEROGA
LA POLEMICA LEY
DEL SISTEMA NACIONAL
DE INTELIGENCIA
Agencias
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Dago Torres
Buró Europa Occidental
Dept. de Investigaciones
La Nueva Cuba
Junio 15, 2008
Derogatoria de la polémica norma fue publicada ayer en la
Gaceta Oficial
Con la publicación en la Gaceta Oficial N° 38.949 del
decreto 6.156 con rango, valor y fuerza de ley derogatoria de la
Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia, se
hizo efectivo el anuncio del presidente Hugo Chávez de dejar
sin efecto la polémica normativa de 29 artículos y
dos disposiciones transitorias, promulgada el pasado 28 de mayo.
Aunque Carlos Correa, director de Espacio Público e integrante
de la Coalición Pro Acceso, considera positiva la medida,
advierte que ahora lo importante es que el Parlamento no sólo
garantice una consulta amplia y plural, sino también que
respete la Constitución y los tratados internacionales en
materia de derechos humanos.
"Uno espera que los parlamentarios hagan un debate real y no
cometan el error de hacerse coro de instrumentos legales que han
sido aprobados pero que no han sido analizados ni debatidos suficientemente.
La rectificación del Presidente debe traducirse en un proceso
democrático, que permita la elaboración de un instrumento
legal que se ajuste a esos estándares establecidos en el
ámbito de los derechos humanos. Esto ratificaría el
compromiso del Estado con los valores democráticos",
sentenció Correa.
No obstante, el activista por los derechos humanos recordó
"experiencias infelices" que se han registrado en el trabajo
de la Asamblea Nacional, cuando los parlamentarios han irrespetado
los "principios asociados a la elaboración legislativa".
"Esperemos que ahora haya parlamentarios que planteen estos
temas y se dé el debate. En otras oportunidades hemos tenido
experiencias que no han sido felices", apuntó Correa,
para quien esta experiencia debería constituirse en un aprendizaje
para el Gobierno, en el sentido de que "quizá el modelo
de ley habilitante no es el modelo más apropiado para la
producción de leyes".
Para la ex presidenta de la extinta Corte Suprema de Justicia, Cecilia
Sosa, "más que ocuparnos que si la Asamblea Nacional
tiene una actitud y una fuerza moral para hacer esto, que obviamente
no la tiene, nos debemos preocupar por una aplicación de
hecho de las normas establecidas en ese texto".
Destacó que la "presión popular" ejercida
contra el Ejecutivo obligó al primer mandatario a derogar
la normativa. "La sociedad civil ejerció una función
que, yo diría, fue de juez de control constitucional de una
ley totalmente violatoria de los derechos fundamentales".
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